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Actuaciones en el litoral. Destrucción a toda costa 2006 en Illes Balears

Manel | 21 Agost, 2006 07:44

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de marzo una proposición no de ley instando al Gobierno central a considerar Baleares como uno de los objetivos prioritarios dentro del programa de adquisición de fincas del Ministerio de Medio Ambiente debido a las especiales características de su territorio, muy vulnerable a la sobreexplotación de la costa como consecuencia de la actividad turística.

El Ministerio de Medio Ambiente estima que existen cerca de 10.000 instalaciones privadas ocupando el dominio público marítimo-terrestre en las Islas Baleares, de las cuales sólo 500 han obtenido una concesión de la Dirección General de Costas.

Una importante sentencia del Tribunal Supremo avala las tesis defendidas, casi siempre, por el Ministerio de Medio Ambiente de que el Estado debe recuperar para el dominio público marítimo-terrestre las zonas costeras que habiendo sido parajes naturales ahora se encuentren desnaturalizadas por haberse construido en ellas. La sentencia tiene como objetivo apoyar el deslinde realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en la isla de Formentera en 1997 y que fue impugnado por un gran número de propietarios. Una de las empresas denunciantes Nigi SA argumentó el rechazo en base a que la zonas de litoral que ya estén consolidadas como urbanas y hayan perdido su carácter natural impiden al Estado su recuperación para el dominio público, pero tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo se han opuesto tajantemente a este argumento.

Greenpeace y el GOB denunciaron el pasado mes de febrero ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Baleares la construcción de una pasarela de madera de ipé dentro de las obras de modernización de los accesos al Parque Natural de la Albufera de Mallorca. La madera de ipé procede de la destrucción de la Amazonía brasileña, por lo que podríamos estar ante un delito ambiental recogido en el código penal. La Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears, responsable del proyecto, no ha acreditado la legalidad de la madera. Greenpeace ha pedido al Govern que siga el ejemplo de otros ayuntamientos mallorquines y adopte una política de contratación pública que exija madera procedente de la gestión responsable de los bosques, máxime cuando ya hay un grupo de empresas mallorquinas cuyo trabajo está acreditado por el certificado forestal FSC.

En Formentera la empresa Formentera Club SA sigue adelante con su proyecto para construir un camping en Ca Marí, en primera línea de playa. De hecho, el proyecto original invade la servidumbre de protección marcada por la Ley de Costas. Tanto el ayuntamiento como el Consell Insular y el Govern balear han acordado actuar de manera conjunta para evitar el proyecto.

Texto extraído del informe anual de Greenpeace sobre el estado del litoral “Destrucción a toda costa 2006”
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/costas/destrucci-n-a-toda-costa

La platja privada de Barceló
http://bloc.balearweb.net/post/184/20223

La Targeta Verda, un engany per als turistes i els ciutadans
http://bloc.balearweb.net/post/184/20289

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