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Urbanización y turismo. Destrucción a toda costa 2006 en Illes Balears

Manel | 16 Agost, 2006 12:37

El precio de la vivienda es tan alto en Baleares que hasta los promotores insulares han mostrado su preocupación por este hecho, que se ve agravado por los bajos salarios (por debajo de la media nacional) y la inestabilidad en el trabajo (en 2003 el 90,22% de los contratos eran temporales). El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares, Gabriel Oliver, en recientes declaraciones preveía un “momento de ruptura” en el que los consumidores no podrán comprar una vivienda, lo que supondrá también “un problema para los empresarios del sector”. El precio medio del metro cuadrado en Palma de Mallorca alcanzó los 2.127 euros en 2005 (un 12,5% más que el año anterior).

Las plataformas en defensa del territorio de Baleares han puesto en marcha una ILP contra las agresiones territoriales que ha sido admitida a trámite por el Parlamento balear. Mediante este mecanismo legal se ha presentado una propuesta de Ley para acabar con la construcción de nuevas autopistas y autovías, la autorización de nuevos campos de golf, la ampliación o construcción de aeropuertos, las grandes ampliaciones o la instalación de nuevos puertos deportivos, para evitar que se puedan construir parques temáticos y centros comerciales en el suelo calificado como rústico y para impedir la construcción en los primeros 500 metros de costa.

La construcción de carreteras y autovías está suponiendo la destrucción de grandes áreas rurales en Mallorca. El Plan de Carreteras de la isla supondrá la destrucción de 2.000 hectáreas de suelo, afectando en muchos casos a espacios naturales.

Mallorca

La isla continúa su tendencia a urbanizar cada metro de suelo, especialmente en las ciudades de Palma o Calvià, cuyos gobernantes siguen alentando las edificaciones rodeadas de centros comerciales, parques temáticos o campos de golf, que justifican como imprescindibles, dentro de una maraña de saturación urbanística y exceso de oferta indiferenciada del que no parecen querer salir. Este año se conocía la venta de Can Domenge, propiedad del Consell de Mallorca, por un precio muy inferior al valor de mercado y sin exigir un precio tasado para las viviendas que allí se construyan, poniendo en evidencia el escaso interés social de las instituciones.

La urbanización está por encima de cualquier criterio, lo que motiva que muchos casos acaben en los juzgados. Uno de los casos que lleva más tiempo en los tribunales ha sido el de ses Covetes, en Campos. La construcción de 67 apartamentos en dominio público marítimo-terrestre en la playa de Es Trenc comenzó en 1994. Las obras fueron denunciadas por el GOB y finalmente, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, han confirmado la ilegalidad de las construcciones y la protección del terreno, incluido dentro la franja de 100 metros de Costas. El Ayuntamiento de Campos (PP) se ha gastado más de medio millón de euros en la defensa de los apartamentos ilegales.

Otro proyecto controvertido es el de la urbanización planificada en ses Fontanelles, una zona húmeda que se localiza en la carretera de la playa de Palma junto a Can Pastilla, donde también hay planes para construir un centro comercial y un acuario.

En mayo del año pasado el ayuntamiento paralizaba las obras de construcción de la urbanización. Al mismo tiempo el Ministerio de Medio Ambiente iniciaba los trámites de deslinde de esta zona húmeda paralizando la construcción del centro comercial y el acuario en la zona. Pero en diciembre el Ministerio anunciaba su intención de archivar el expediente de deslinde, dando luz verde al centro comercial y al acuario. Poco después el ayuntamiento aprobaba la urbanización de 81.000 metros cuadrados alrededor del humedal.

El GOB ha anunciado que acudirá a la Fiscalía si comienzan las obras de urbanización, que supondrían la desecación de una parte del espacio natural. Una nueva decisión del Ministerio de Medio Ambiente este mes de mayo volvía a iniciar el expediente de deslinde, incluyendo la zona húmeda y estableciendo la franja de protección correspondiente a su alrededor (a pesar de que en septiembre de 2005 José Fernández, Director General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, declaraba que “no veía ningún motivo para impedir la construcción de un acuario en el humedal de ses Fontanelles” y que así lo había transmitido a los promotores).

En Calvià, la urbanización de la marina de Magalluf tiene luz verde para edificar 3.000 plazas turísticas y residenciales, un centro comercial y de ocio destruirá 660.000 m2 de una antigua zona húmeda.

En Santa Margalida se proyecta la construcción de un campo de golf, un hotel y un centro social y comercial en una extensión de 850.000 metros cuadrados en Son Real. El Ayuntamiento ha solicitado la declaración de Proyecto de Interés General para poder construir el campo de golf de 27 hoyos. El terreno está calificado como suelo rural y forestal y acumula una gran riqueza de restos arqueológicos (se han localizado 34 yacimientos). La Plataforma “Son Real no té preu” solicitó el año pasado su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

El GOB ha denunciado que la construcción de un centro geriátrico en Santa Margalida encubre la construcción de un complejo hotelero con piscinas, pistas de tenis y un mini campo de golf en unos terrenos que tienen la calificación de no edificables al ser suelo rústico. La promotora del complejo es Ayco, participada por Sa Nostra.

El Ayuntamiento de Llucmajor está revisando su Plan General de Ordenación Urbana para aumentar el suelo urbanizable utilizando la figura de “área de reconversión territorial” para crear dos grandes zonas edificables de 170.000 m2 que saturarán todavía más de construcciones esta localidad. Este mismo ayuntamiento tiene planes para construir 800 plazas turístico-residenciales en el Cap de Regana en terrenos catalogados como suelo rústico y a pesar de que las intenciones iniciales del Plan Territorial recogían la protección de la zona.

El proyecto de urbanización de Cala Blanca (Andratx) incluye la construcción de 300 viviendas en primera línea de mar, junto a la única playa virgen que queda en el municipio.

El Ayuntamiento de Manacor ha dado ya las licencias para construir 189 viviendas en s'Estany d'en Mas, que se suman a la propuesta de un nuevo campo de golf y un hotel.

Ibiza y Formentera

El Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN) ha solicitado al Gobierno español que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de medidas específicas para Ibiza y Formentera en materia de ordenación territorial, urbanismo y turismo, aprobada el pasado mes de diciembre. La ley permite que el suelo rústico, que ha de ser dedicado a usos tradicionales y vinculados con la naturaleza, pueda tener ahora usos turísticos, como la creación de nuevos hoteles.

En San Joan de Labritja se ha propuesto la construcción de 60 apartamentos y 40 chaléts en el litoral de Benirràs, una zona en excelente estado de conservación en el litoral pitiuso.

En Sant Josep la construcción de varias viviendas en un acantilado en sa Caixota se encontró con una accidentada interrupción al producirse el deslizamiento de los terrenos. El Ayuntamiento otorgó las licencias de construcción a pesar de tener informes sobre la inestabilidad de los acantilados. Los propietarios han propuesto la construcción de un muro de 300 metros de longitud para evitar más corrimientos de tierra y seguir adelante con la edificación.

Texto extraído del informe anual de Greenpeace sobre el estado del litoral “Destrucción a toda costa 2006”
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/costas/destrucci-n-a-toda-costa


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